Se reduce inversión en infraestructura y recaudación, pero aumenta la deuda.

A la par del desplome de la inversión en general (Inversión pública el 2017 fue menor en S/ 1,108 millones respecto al 2015) y en la vital infraestructura, que se acentuó en los dos últimos años por la falta de reflejos de un gobierno que no se resignó a renunciar a las Asociaciones Publico Privadas pese al escándalo Odebrecht, no queda allí.

La recaudación ha caído substancialmente los ingresos tributarios, como proporción del PBI, se han desplomado en 20% entre 2014 y 2017 (Déficit fiscal 3.2% en 2017), y consecuentemente, la deuda pública ha subido grandemente (desde 18.5 al 22.2% del PBI en lo que va del régimen de PPK)

De hecho, parte de la inacción se debe, más que al escándalo Odebrecht y los pedidos de vacancia presidencial, que han dejado descolocado al gobierno, al prejuicio ideológico ultra privatista, que está socavando con las bases mismas del Estado nacional.

Es decir, si privatizamos no solo las empresas y los recursos, sino que transferimos a los privados actividades consustanciales del Estado, como es la infraestructura, la recaudación, la educación, la defensa, ocurren dos cosas: los intereses privados van a entrar a saco al presupuesto público sin defensa posible, a punta de comisiones, adendas, arbitrajes, sobrecostos financieros, reparaciones civiles, etc. Se estima, por ejemplo, que en los próximos años el 70% del presupuesto de inversiones en transporte se destinaran a pagar a los mismos privados no por las obras hechas, sino por reparaciones, arbitrajes, etc.

Lo mismo pasa con la gestión presupuestal. Si la reducción del impuesto a la renta aplicada por PPK se hace sin criterio técnico,  consecuentemente los ingresos públicos se reducirán, pero no el gasto pública. ¿Solución? Endeudamiento. ¿Quién lo “estructura”? Los bancos de inversión, con una suculenta comisión. ¿Quién gana, quien pierde?

Además del daño de la infraestructura con sobrecostos, mal diseñada y mal priorizada, con los años y oportunidades perdidos.

Y este esquema se ha reproducido, a no dudarlo, en los demás países de la región.

La estrategia de algunos bancos de inversión globales en muchos países ha sido usar el presupuesto público y el crédito público como apalancamiento para sus actividades financieras, en especial, privilegiando las obras de mayor retorno monetario, usualmente en nada coincidente con la mayor necesidad del desarrollo de los países. Es decir, los fondos públicos servirán para que los grupos privados consigan financiamiento bancario para la infraestructura más conveniente a sus objetivos de rentabilidad, incluso, con “ingresos garantizados” por el Estado. Pero de espaldas a las reales necesidades de la infraestructura.

¿Cuánto más puede soportar una nación esta postergación?

12.3.18